Porque tenemos responsabilidades de cara a nuestros trabajadores y a la sociedad toda, manifestamos:
- Que se ha generado una caótica situación social y económica a través de la instrumentación equivocada del cuadro tarifario por el servicio eléctrico.
- Que las decisiones fueron tomadas sin una normativa que contemple la realidad del servicio y del Sector en modo integral y sin convocar a los actores involucradas
- Que por el impacto de esas decisiones erróneas se ven gravemente perjudicados los hogares más necesitados, los trabajadores, el aparato productivo y de servicios públicos en todas sus expresiones.
- Que a raíz de la reciente decisión judicial se afectó de manera directa a los usuarios alcanzados por la tarifa social y a las empresas del Sector en su cadena.
- Que el Sector Eléctrico ha quedado sin inversión y debe afrontar graves consecuencias.
- Que habiendo provincias que han cumplido la Ley y han convocado a las audiencias públicas, se ven igualmente afectadas por un fallo judicial que ignora las jurisdicciones provinciales y nacionaliza una problemática metropolitana.
- Que la gestión desacertada y la falta de consenso político han provocado innecesarias confrontaciones sociales.
- Que el Gobierno Nacional debe definir de modo preciso un plan estratégico para resolver la situación energética.
Lamentamos profundamente que, ante la falta de respuesta por parte de los funcionarios públicos que son quienes deben hacer cumplir la ley, decidir sobre las tarifas y controlar las inversiones; los usuarios legítimamente indignados, agredan verbalmente y físicamente a nuestros Compañeros trabajadores.
Por lo expresado, como representantes de los Trabajadores de Energía Eléctrica, que tenemos la responsabilidad de defender a nuestros Compañeros y a la comunidad en su conjunto; llamamos a la reflexión al Gobierno Nacional para que convoque a los sectores políticos con representación parlamentaria, a los trabajadores y al sector cooperativo con el objeto de sincerar la problemática energética proponiendo una salida sustentable, económica y política que garantice el servicio en todo el territorio nacional.
